El legado de Epstein reabre el debate: Harvard revisa la permanencia de donantes polémicos en sus edificios
El escándalo que rodea al difunto financiero Jeffrey Epstein sigue generando ondas expansivas, esta vez con un debate que trasciende lo judicial para adentrarse en lo simbólico: ¿debe cambiarse el nombre de los edificios vinculados a su red de influencias? La pregunta no es menor, pues detrás de cada placa conmemorativa o fachada institucional se esconde una historia de conexiones que, aunque no siempre derivaron en acusaciones penales, han dejado una mancha difícil de borrar.
El caso más reciente ha puesto bajo la lupa a universidades, fundaciones y hasta residencias privadas que, en algún momento, llevaron el nombre de figuras asociadas a Epstein. Aunque muchos de estos personajes nunca enfrentaron cargos formales, su cercanía con el magnate —especialmente después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores— los ha colocado en el centro de un escrutinio público implacable. La presión social, alimentada por movimientos como *#MeToo* y una creciente exigencia de transparencia, ha acelerado la revisión de estos vínculos, obligando a instituciones a replantearse su legado.
El proceso, sin embargo, dista de ser sencillo. Cambiar el nombre de un edificio no es solo cuestión de retirar una placa o pintar una nueva fachada; implica un ejercicio de memoria colectiva, donde se confrontan valores, reputaciones y, en muchos casos, intereses económicos. Algunas universidades, por ejemplo, han optado por eliminar referencias a donantes vinculados a Epstein, pero otras han argumentado que las contribuciones financieras —aunque cuestionables— fueron legales y destinadas a causas nobles, como becas o investigación. ¿Dónde trazar la línea entre el reconocimiento a una donación y la complicidad con un sistema que permitió abusos?
Lo cierto es que el debate va más allá de lo jurídico. Se trata de una discusión sobre cómo una sociedad elige recordar —o olvidar— a quienes, sin ser condenados, se beneficiaron de una red de poder que operó en las sombras. En Estados Unidos, donde el caso Epstein ha expuesto las grietas de un sistema que protegió a élites durante décadas, la decisión de renombrar espacios no es solo simbólica: es un acto de reparación. Pero también plantea preguntas incómodas: ¿hasta qué punto se puede juzgar a alguien por sus asociaciones? ¿Es justo borrar el nombre de un filántropo si su dinero, aunque manchado, financió avances científicos o educativos?
En México y Latinoamérica, donde los escándalos de corrupción y abuso de poder suelen quedar impunes, el caso Epstein sirve como espejo. No se trata solo de un hombre o de un edificio, sino de cómo las instituciones —desde universidades hasta gobiernos— eligen lidiar con su pasado. La respuesta no es uniforme: mientras algunas optan por el silencio, otras han comenzado a revisar sus archivos, conscientes de que la historia no perdona a quienes prefieren mirar hacia otro lado. El nombre de un edificio puede ser solo un detalle, pero en él se condensa una pregunta más profunda: ¿qué estamos dispuestos a tolerar en nombre del progreso?
